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Las personas pueden recibir asesoría legal. Foto: Especial
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Crean asociación contra corrupción de funcionarios

Convocan a afectados en su derecho de acceso a la justicia
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Verónica Ángeles
Hace 11 meses | Facebook Twitter Whatsapp

Personas que consideran recibieron “mala” procuración de justicia anunciaron la creación de la Asociación Civil contra la Corrupción de Servidores Públicos.

Hasta el momento se han adherido a la organización un total de 48 individuos y familias que consideran haber sido víctimas de la “mala procuración de justicia”.

La encabezan los padres de Ana Itzel, niña que desapareció el 19 de mayo de 2014 y días después fue encontrada muerta y violada; delito que desde un primer momento se le adjudicó a su padre Juan Carlos Escamilla, motivo por el cual estuvo dos años en la cárcel hasta que un juez de distrito le otorgó la libertad por falta de pruebas en su contra.

A unos meses de la liberación, los padres de Ana Itzel sólo piden justicia y que se investigue al responsable; sin embargo, les han dicho en la Procuraduría y en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que deben esperar, ya que hay una impugnación por el fallo del juez de distrito y en tanto no se puede abrir otra línea de investigación.

En la asociación también se encuentra Iris Jocelin, madre un menor de dos años, a quien su pareja sentimental le arrebató de las manos y lo estrelló contra el piso hasta dejarlo sin vida.

Ella asegura que el responsable sí está en la cárcel, pero tiene privilegios, ya que vive en la “suite”, cuenta con teléfono celular y hasta maneja cuenta en redes sociales.

De este asunto, la queja es que a pesar que han pasado dos años y ocho meses el juez no ha dictado sentencia, y hacen uso de “herramientas legales” para aplazar el caso, además de que se señala un posible caso de conflicto de intereses, toda vez que el abogado del responsable se dice es ahijado del juez Porfirio Austria.

Asimismo, María Eva, abuela de una adolescente que fue violada a los 12 años, a quien en primera instancia le dijeron en el Ministerio Público (MP) “que no había delito qué perseguir” y menos si no tenía dinero.

Todos ellos formaron una asociación civil, asesorados por Diana Marroquín, excandidata del PT a la presidencia de Pachuca.

El objetivo es que todas las personas que se sientan afectados en su derecho de acceso a la justicia los busque y se les brinde asesoría legal; las oficinas están ubicadas en Tulancingo, en la colonia Adolfo López Mateos.

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