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Miércoles 24 de Abril 2019

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UAEH, los privilegios del secuestro académico

Especial Foto Capital Media
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07 de Noviembre 2017
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L a deuda de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) es millonaria.

El monto asciende a 177 millones 314 mil 652 pesos y corresponde al periodo de consumo de los recientes cinco años, es decir, de octubre de 2012 a octubre de 2017.

De acuerdo con el organismo operador del vital líquido, todo usuario que aparece en los padrones de la Caasim, debe tener instalado uno o más medidores en el domicilio físico donde recibe el servicio.

A través de esos aparatos, como sabemos, se verifica el consumo de agua en un periodo determinado y se aplica la tarifa correspondiente.

Así es como hace la Caasim con las personas físicas o morales, a las que abastece del líquido en los municipios interconectados a través de la red. Sin excepción, ya sean particulares o entes de gobierno u organizaciones sociales, espacios públicos, escuelas, hospitales o centros comerciales, todos están obligados a pagar los consumos correspondientes.

Sin embargo, los directivos de la Universidad Autónoma de Hidalgo se rehúsan a pagar la deuda que la comisión de agua les ha notificado.

El argumento de esa autoridad educativa es que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio; sin embargo, esa postura carece de fundamento legal.

Para los directivos de esa casa de estudios, defender legalmente esa posición resulta complicado, pues en el histórico documentado por el organismo, hasta antes de octubre de 2012, esa casa de estudios había realizado los pagos correspondientes por consumo de agua, acordados en liquidación por volumen estimado.

Y es que, durante la gestión de Juan Manuel Camacho Bertrán, los responsables del área de finanzas, habrían solicitado pagar los adeudos calculando de esa forma, ello ante la negativa de la autoridad fáctica, para instalar medidores en cada uno de los espacios con que cuenta la autónoma.

Así las cosas, en el Ceuni, donde hay baños de vapor, una alberca con agua caliente y salones de fiestas y recreo, los universitarios deben 19 millones con 340 mil pesos y en el edificio de Abasolo, donde eventualmente despacha el “rector a distancia” son dos millones de pesos de adeudo.

Esta terquedad de incumplir asumida por el Grupo Universidad ha querido ser disfrazada con el rechazo a la aplicación de las leyes anticorrupción, que obligan a la instalación de un órgano de control que supervise el manejo del dinero público que reciben los de la garza. Y por ello la amenaza de sacar a los estudiantes a las calles para defender la autonomía.

Son las artimañas de siempre, y el pretexto de utilizar a las nuevas generaciones como carne de cañón, para defender no la autonomía, sino los privilegios de unos cuantos tras 30 años de “secuestro” de esa casa de estudios.

 

licpinedalopez@gmail.com

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