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Opinion / Por Sentido común

San Salvador, alcalde con puras fallas

Edmundo Pineda López
Edmundo Pineda López correo2345@correo.com
Hace 11 meses
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América Juárez García, presidenta municipal de San Salvador, está sentada en una bola de fuego.

Hace un año y dos meses, cuando arribó al poder de esa localidad (que históricamente ha vivido en conflicto) la primera y mala decisión que tomó, fue haber despedido a decenas de burócratas que prestaron sus servicios durante la pasada y otras administraciones.

Motivada más por su celo político, que por razones de perfiles o desarrollo de personal es que Juárez García dio la instrucción de dar de baja de la nómina a 38 personas.

El argumento que ofreció, una vez tomada la decisión, es que la mayoría de los exburócratas tenía afinidad con el alcalde anterior, emanado de un partido diferente.

“Eran familiares y amigos del exalcalde, por eso se fueron”, manifestarían los responsables de instrumentar la operación “guillotina” en San Salvador.

En la decisión incorrecta pudieron más las fobias del actual edil, y los 38 despedidos interpusieron cada uno la denuncia correspondiente para exigir respeto a sus derechos.

Algunos exigen la liquidación de ley correspondiente, otros piden la restitución al puesto que venían desempeñando, pero en ambos casos, solicitan el pago correspondiente por salarios caídos.

Así, ante la incapacidad de lograr acuerdos y asumir el liderazgo en esa población, la mano dura implementada, asociada a una decisión torpe es que en 2018, el municipio de San Salvador podría quedarse sin recursos, toda vez que las ministraciones, que por ley le corresponden, estarían siendo canalizadas para el pago de laudos y liquidaciones, según sea el caso.

Pero el conflicto no termina ahí, pues al carecer de recursos la presidencia municipal será incapaz de atender las demandas más urgentes de la población, como son los servicios básicos.

A esto se suma un escenario de desgaste mayor, pues si los tribunales dan la razón a los trabajadores que piden regresar a su fuente de trabajo, el personal que fue contratado en el último año tendrá que ser dado de baja, con el correspondiente efecto legal que la medida implique.

Pero el caso de San Salvador lamentablemente no es el único, pues suman más de 100 las demandas interpuestas ante la Secretaría del Trabajo por exburócratas de otros municipios, que tras ser despedidos injustificadamente, encontraron en la vía legal la posibilidad de pelear por sus derechos y, de paso, hacer un “boquete” a las finanzas de las alcaldías, muchas de ellas conducidas con los pies, por ediles y alcaldesas que no atinan a ejercer un gobierno eficiente y de resultados

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