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Asesinan alcaldes y candidatos

Capital Digital
Capital Digital redessociales@capitalmedia.mx
Hace 8 meses
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La narcopolítica no es un infierno por venir. Está presente, viva y actuante. Doce candidatos a presidentes municipales han sido asesinados en México desde septiembre de 2017, arranque de la carrera electoral, hasta la fecha. Dos por mes. También fueron ejecutados tres aspirantes a diputados, uno en Huejotzingo, Puebla, y dos en Chilapa, uno de los sitios más violentos de Guerrero.

Esa escalada de muertes a nivel de alcaldías no es algo nuevo, pero preocupa que, lejos de disminuir, vaya en aumento. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la embestida criminal dejó un saldo de 118 homicidios de munícipes.

Los ataques no distinguen partidos y en cinco años de este gobierno fueron ejecutados 72 autoridades locales: 23 alcaldes en funciones, cinco electos y 44 ex presidentes municipales. De los liquidados en el último medio año hay cinco priistas, tres perredistas, dos panistas, dos de Movimiento Ciudadano, dos de Morena y un independiente.

El plata o plomo puede llegar en cualquier momento, antes, durante y después de gobernar en ese nivel cercano a la gente, en la base de la escala de la organización y administración de la sociedad.

A tal grado preocupa el fenómeno, que la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC) está proponiendo que haya un protocolo para la seguridad y la protección de presidentes municipales. Sobre todo en aquellos lugares que cuentan con pocas vías de comunicación con el resto de los poblados y con el centro político de cada entidad. A más aislamiento, más peligros es caer en el acoso violento de los grupos criminales, que se empeñan en dominar sin estorbos las rutas del trasiego de drogas.

Porque, según la ANAC, tantos homicidios en contra de alcaldes y exalcaldes (más de 100 en dos sexenios) revela una estrategia explícita del crimen organizado para debilitar al Estado mexicano, atacando “a su eslabón más débil y desamparado”.

Son formas de presión para que la Federación y los municipios permitan espacios y rutas para que los grupos criminales transiten sin ser atacados y puedan ejercer casi una veintena de delitos diversos, que incluyen, entre otros, tráfico de drogas, de migrantes, de mujeres y menores de edad con objeto de trata, contrabando de mercancías, cobro de piso, extorsiones, secuestros y asesinatos.

“Cuando un municipio se encuentra en el centro del territorio bajo dominio de un grupo criminal, y no cuenta con la capacidad humana ni económica para hacerle frente, queda claro que está desamparado”, dice en un comunicado la ANAC.

La gobernabilidad municipal está bajo amenaza constante. Podríamos decir que la democracia se colapsa por el punto más débil. Si un candidato no es asesinado antes y logra vencer en las urnas, no necesariamente gobernará sin sobresaltos. Quizás el verdadero poder se ejerza desde estructuras de facto de origen criminal.

Algunos alcaldes tienen que someter sus acciones a los grupos delincuenciales que son la verdadera autoridad en algunas zonas del país. No por corrupción, no por su propia voluntad, sino por ser más débiles frente a los grupos armados en todos sitios en los que finalmente lo que existe son “vacíos de poder”, como los llama Edgardo Buscaglia.

Además del acoso criminal y caciquil, los alcaldes podrán ser reducidos a punto menos que nada si se aprueba en el Congreso la ley del mando único policial, que les arrebatará toda potestad y presupuesto para vigilar en sus propias comunidades. El fin del municipio libre.

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