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Vinculan a proceso a activista social

Circe López Ríofrio es señalada por el delito de daños al honor presentada por un presunto acosador sexual
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Por Dalia Martínez

La defensora de los derechos de las mujeres y principal impulsora en el estado de la alerta de género, Circe López Ríofrio, este jueves fue vinculada a proceso penal luego de que el juez de la sala séptima de  oralidad del Poder Judicial del estado, consideró procedente la denuncia en su contra por el delito de daños al honor, presentada por un presunto acosador sexual.

En el juicio abierto el demandante identificado como Boris G.C., solicitó al juez prohibir a López Ríofrio que se acercará a las presuntas  víctimas de acoso y los testigos, pero el juez rechazó la petición.

Necesario mayor esfuerzo contra la violencia de género: López Riofrío 

Circe López Ríofrio es presidenta de la Asociación Civil Humanas sin Violencia y el año pasado el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, le entregó la presea “Erendira” al mérito cívico, que otorga el congreso estatal a personas que se destacan por sus luchas sociales.

Boris G.C., es psicólogo de profesión e impartía clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de sicología y  fue acusado por dos mujeres, alumnas suyas, de haber sufrido acoso sexual y prácticas discriminatorias en el año 2013.

En el juicio público, dijo que a raíz de acusaciones públicas de López Ríofrio, ha sufrido de “depresión, ansiedad y episodios de irá que le provocó el daño moral a su persona”, luego de que López Ríofrio expuso en una reunión de trabajo con el gobierno estatal que él no debía ser parte de un comité que investigaba casos de agresión contra las mujeres.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su momento conoció del caso de acoso pero solo retiró de esa área de trabajo al profesor y tiempo después esté dejo de ser parte de la plantilla de profesores  de la escuela.

Existe desorganización de autoridades sobre la implementación de la Alerta de Género: Circe 

Las víctimas se acercaron de manera voluntaria y por separado a la AC Humanas sin Violencia en el año 2013, pero una de las denunciantes no quiso poner denuncia ante las autoridades prefirió hacerlo desde el anonimato.

Dos años despupes y en una reunión convocada el 22 de enero de 2015 por el grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Circe López, informó que le haría llegar a la Secretaría Técnica de este órgano  dos quejas por supuesto acoso sexual en contra de Boris, quien en ese momento formaba parte del grupo de trabajo con la representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

La titular de Humanas Sin Violencia puso de manifiesto las dificultades que se pudieran generar por el hecho de que una persona señalada por acoso sexual, investigara la violencia de género contra las mujeres en Michoacán y poco después el aludido renunció al grupo de trabajo conformado para investigar la situación de violencia en la entidad.

Boris G.C., fue servidor público y colaborador en temas de defensa de los derechos de las mujeres en el gobierno estatal y actualmente forma parte de la plantilla laboral de la Secretaria de Salud.

La abogada defensora de Circe López dijo durante el juicio que la implicada “no actuó con dolo para dañar la reputación del aludido”, sino que como solicitante de la alerta de violencia de género “hizo ejercicio de su derecho de transmitir la información que se le había hecho llegar, y que esta firmada por 15 personas”.

Falta organización para defender a la mujer 

La defensa de Circe López argumentó el derecho a la libertad de expresión, y llamó a evitar castigos por informar sobre presuntos hechos que pueden constituir un delito como es el acoso sexual o una falta social en contra de las mujeres como lo es la discriminación, dijo.

Por su parte el juez, subrayó que los involucrados en la defensa de los derechos humanos “no tiene la atribución de vulnerar un derecho fundamental como lo es la dignidad humana” y alegó que “lo  correcto hubiera sido que la información se hiciera llegar a la secretaría técnica, sin darla a conocer al grupo de personas que se encontraban reunidas ese 22 de enero de 2015 y que López Ríofrio hubiera acompañado a las víctimas a poner la denuncia”.

En Michoacán el delito por daños al honor, había sido eliminado de la constitución local pero en el año pasado, los diputados del congreso local decidieron reinsertarlo en el código civil.

Finalmente el juez dictaminó un periodo de dos meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria y se recaben otros elementos de prueba para seguir o desechar el juicio.

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