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Martes 11 de Diciembre 2018

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Riesgo de albazo por fiscal a modo: Acosta

Especial Foto Capital Media
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13 de Marzo 2018
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Urge modificar el artículo 16 de la ley general

Advierte el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción sobre el riesgo de un albazo legislativo para aprobar la Ley General de la Fiscalía General de la República.

Esta ley, que se discute en el Senado, representaría de hecho que el actual procurador se convierta automáticamente en fiscal general, echando por tierra todos los avances registrados para evitar lo que se ha dado en llamar “un fiscal carnal”.

Así lo advirtieron Mariclaire Acosta, presidenta del comité, y Luis Pérez de Hacha, integrante de este comité, quienes añadieron que es urgente que las legislaturas estatales aprueben la modificación al artículo decimosexto transitorio de la mencionada ley, antes de avanzar en la designación de funcionarios en estos puestos clave.

Hasta el momento se tiene el registro de tres entidades que han cumplido con esta aprobación, pero la reforma constitucional requiere de al menos 17 legislaturas estatales que hayan votado a favor de la modificación.

En el caso de los 18 magistrados anticorrupción demandaron a los senadores que expliquen si las ternas propuestas por el Ejecutivo cumplen con los criterios de transparencia, parlamento abierto y máxima publicidad tendientes a escoger los mejores perfiles.

Asimismo, pidieron que la Cámara de Diputados lleve a cabo la discusión de la reforma al artículo 102 constitucional para evitar el pase automático del procurador a fiscal general.

En el resto de los nombramientos indispensables para la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción convocaron a la realización de una amplia consulta con todos los sectores sociales por lo que su aprobación y designación podría darse hasta la siguiente legislatura, advirtieron.

Lo más importante, agregó Luis Pérez, es crear el entramado legal y las instituciones antes de pensar en nombres para ocupar carteras.

Sin embargo, la discusión sobre esta estructura debe involucrar a especialistas, organismos de la sociedad civil y clase política, para alcanzar los mejores resultados, asimismo, su participación es fundamental en la designación de los fiscales general de la República y anticorrupción.

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