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México necesita ayuda contra la corrupción

Open Society indica que por la complicidad de funcionarios y delincuentes se pone en duda la capacidad del sistema
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ISRAEL YÁÑEZ G. / PATRICIA GUILLÉN

El combate a los grupos de la delincuencia organizada debe ser investigado, regulado y supervisado por un organismo internacional, en virtud del alto grado de corrupción e impunidad de las instituciones del Estado mexicano, que son poco confiables.

“En pocas palabras, México necesita asistencia internacional si realmente desea que algún día se haga justicia por la corrupción que hace posible la comisión de crímenes atroces”, recomendó la Open Society Foundation.

A través del informe “Corrupción que mata”, organizaciones no gubernamentales proponen, justifican y argumentan por qué México necesita ser supervisado por un organismo especialmente creado para ello.

Las organizaciones detallaron que las instituciones mexicanas no han podido contener los niveles de violencia en el país, donde las desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y homicidios con descuartizamientos y decapitaciones se incrementaron sin precedentes en 2017.

“Un mecanismo internacional podría comenzar a romper los círculos de impunidad, al emprender sus propias investigaciones, preparar casos para la persecución del delito por iniciativa propia o por parte de la Fiscalía recién creada, y proporcionar asistencia que podrían, orientar el camino hacia un mayor nivel de rendición de cuentas en todo el país”, se propone.

De esta manera, la participación y el apoyo internacional son esenciales para combatir los bloqueos políticos y los intereses partidistas que actualmente obstaculizan el funcionamiento del sistema penal mexicano.

El informe explica cómo algunas reformas importantes del sistema de justicia penal , en particular la propuesta de una fiscalía autónoma y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no garantizan la independencia institucional necesaria o la competencia para investigar crímenes atroces o las redes de corrupción.

Presentación del Informe
Las ocho organizaciones mexicanas que presentaron el informe de derechos humanos señalaron que existe un fracaso de las autoridades para investigar y procesar adecuadamente la rendición de cuentas.

Durante la presentación del informe publicado por la Open Society Justice Initiative en colaboración con las ONG, “Corrupción que mata”, el cual sostiene que “la participación y el apoyo internacional serán esenciales para combatir la obstrucción política y los intereses pacitan al disfuncional sistema de justicia en México”.

Laura Atuesta, del Programa Política de Drogas del CIDE, dijo que debido a la forma en cómo el Estado ha ignorado a la sociedad civil y a la academia haciendo caso omiso a la evidencia presentada sobre la relación entre militarización y violación de los derechos humanos, se ha vuelto una agravante “que ya no se puede ignorar”.

“Y no sólo se ha ignorado la evidencia, sino que se ha negado la existencia de los datos, han contestado de manera errónea solicitudes de información, han negado su responsabilidad de muertes de inocentes víctimas de fuego cruzado, y se han vuelto cada vez más opacos en como investigan sus crímenes y castigan a los culpables”.

Atuesta reclamó que ya es tiempo de cambiar, “que nos escuchen dejar de quejarnos, por eso estamos proveyendo soluciones y políticas públicas alternativas, en donde también participa la sociedad civil y academia nacional e internacional. El gobierno mexicano ha demostrado ser incapaz de frenar esta situación”.

El Programa Política de Drogas, evidenció que cada vez son más casos en que miembros de las Fuerzas Armadas, policías federales, municipales o estatales se encuentran involucrados en “graves violaciones a los derechos humanos”, que en muchos casos, están coludidos.

Impunidad
Existen altos índices de impunidad, y cuando la corrupción es sistemática, los Estados pierden su capacidad de cumplir en materia de derechos humanos”, relexionó Jan Jarab.

Open Society, advirtió que el aumento de la violencia y la impunidad por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia en el país puede agravarse con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Al mismo tiempo señalaron que “comienza a surgir convincente evidencia de la existencia de corrupción a alto nivel”, y sin embargo hay poca atribución de responsabilidad penal para estos delitos.

Además de que los gobiernos estatales y Federal sólo han enjuicidado a un pequeño número de funcionarios de alto rango afín al gobierno o en contra de sus aliados, y esto se debe a que, pese a la existencia de muchos funcionarios capaces en el sector de justicia, la investigación y la persecución de los crímenes en México están “fuertemente politizados”. Porque más de 98 por ciento de todos los delitos en territorio nacional no se denuncian porque el pueblo mexicano ha perdido la fe en el sistema judicial de su país

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