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Banda presidencial. Foto: Especial
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Juzgar al presidente, una propuesta viable

Sería la mejor bandera para avanzar contra corrupción: experto
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De ser congruente con lo que pregonó en campaña, con un cambio constitucional, el próximo gobierno dará un paso fundamental para desterrar el halo impune del presidente de la República en funciones, pues se pretende legislar que sea sujeto a ser juzgado por delitos relacionados con corrupción.

La advertencia de que el siguiente Gobierno de la República será intolerante a la corrupción se manifestaría en una iniciativa de ley que se remitiría al Congreso de la Unión para reformar el artículo 108 de la Constitución Política, cuyo espíritu incluirá que se pueda juzgar al presidente en turno por delitos de corrupción.

Por lo menos desde 2015, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró anacrónico que, en la actualidad, al titular del Ejecutivo en funciones sólo se le pueda juzgar por traición a la patria y delitos graves del fuero común.

Expertos anticorrupción calificaron como un “avance muy importante” la pretensión de la siguiente administración de “derrumbar” el cerco de invulnerabilidad del mandatario, lo que daría respuesta al hartazgo social contra la corrupción.

De cumplir su promesa de que esta sea la primera iniciativa que remita al Poder Legislativo, Mario Velasco Torres de la Vega, experto en materia anticorrupción, consideró que López Obrador “sería congruente con sus propuestas de campaña, cuyo eje principal fue el combate a la corrupción y procurar la honestidad de los funcionarios públicos”.

Propuesta continua

El esfuerzo no será sólo del próximo presidente, sino de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso, la cual se perfila con mayoría, ya que este es un objetivo que buscan desde mayo de 2016.

En ese mes, legisladores de Morena y del PT presentaron en el Senado de la República un proyecto de decreto para adicionar diversos párrafos al artículo 108 de la Carta Magna, y una de sus propuestas era que el presidente de la República esté sujeto a los delitos y faltas de corrupción, como cualquier otro servidor público.

Como dicha iniciativa no se dictaminó, el 17 de enero de 2017 diputados de Morena presentaron al pleno de la Comisión Permanente la misma iniciativa.

En ella, Morena enfatiza que en el país ninguna autoridad formal tiene más poder que el presidente de la República, por ello “el sistema anticorrupción debe partir, ineludiblemente, de la cúspide del poder”, porque de ahí se deriva al resto de las instituciones y a la sociedad.

“Si no se enfrentan los actos y omisiones de corrupción del presidente de la República, de los expresidentes que pudieran incurrir en actos de corrupción, y la de los propietarios y accionistas de los principales poderes fácticos trasnacionales y nacionales que operan en México y que se vinculan con el poder presidencial, los esfuerzos anticorrupción serán estériles e inútiles”, consideró Morena.

La iniciativa que presentarían el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena en el Congreso es que “el presidente de la República esté sujeto a delitos y faltas de corrupción como cualquier otro servidor público”, además de que los delitos relacionados con corrupción sean “imprescriptibles”.

“Es un avance muy importante, sobre todo porque las sociedades de muchos países están hartas de la corrupción de los políticos y de los partidos tradicionales; quienes ofrecieron ir en contra de la corrupción deben demostrar a la gente que van en serio, se derrumbaría el halo de invulnerabilidad de un presidente”, afirmó Mario Velasco, experto que se ha postulado en dos ocasiones como fiscal anticorrupción.

En entrevista con CAPITALMEDIA, el también compilador y coautor del libro Contra la oscuridad, ensayos sobre la corrupción (próximo a salir al público), resaltó que una iniciativa de este tipo tiene altas posibilidades de que se legisle; una de las razones, destaca, es que Morena se perfila para tener mayoría en ambas cámaras del Congreso.

“Veo muy difícil que los partidos políticos que van a ser de oposición a partir de las próximas legislaturas, se opongan a una ola tan fuerte que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas”, resaltó.

Así, el experto anticorrupción detalló que un presidente de la República podría ser juzgado por delitos relacionados con corrupción, como cohecho, cohecho internacional, peculado, tráfico de influencias, uso de bienes del Estado para beneficio propio o de sus amigos, así como por solicitar o recibir algún tipo de prebendas.

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