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Impunes, 98% de crímenes en México, según informe

Cita desapariciones y ejecuciones de Ayotzinapa, Tlatlaya y Allende
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Israel Yáñez G.

El aumento en la militarización reduce la posibilidad de investigaciones independientes y otras transformaciones de la justicia doméstica, señala informe “Corrupción que Mata –Por Qué México Necesita un Mecanismo Internacional para Combatir la Impunidad—”.

El documento publicado por la Open Society Justice Initiative toma como ejemplo del versos casos de impunidad en México, como las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya, principalmente las ejecuciones de Allende en Tamaulipas, donde los Zetas presuntamente ejecutaron a 300 personas durante tres días seguidos.

En ese sentido, expone que la crisis de “atrocidades” en la que se encuentra el país con desapariciones forzadas, ejecuciones, trata de personas, narcotráfico, tortura, corrupción e impunidad, ocurre en medio de la aplicación y consolidación del Sistema Penal Acusatorio y la transición de un sistema en gran medida inquisitivo a un sistema de justicia acusatorio a nivel federal y estatal.

Pese a las leyes aprobadas, señala, los nuevos modelos de justicia, la creación y los proyectos de nuevas instituciones, parece que nada ha funcionado y la corrupción e impunidad están campeantes al amparo de instituciones y servidores públicos.

Aunque no están exentas de fallas, las leyes del Sistema Penal Acusatorio, buscan rectificar deficiencias anteriores en las definiciones legales de tortura y desaparición forzada, mejorar la coherencia en la recopilación y organización de datos y aplicar sanciones penales mayores, detalla el documento.

“A lo largo de los últimos dos años, la creciente evidencia de colusión entre funcionarios estatales y municipales en crímenes de lesa humanidad cometidos por los cárteles hace surgir la interrogante acerca de si ha habido una colusión sistémica entre funcionarios públicos y grupos del crimen organizado en varias partes de México”, destaca eldocumento.

La constante rotación de procuradores de la PGR durante la actual administración, “demuestra la profunda instabilidad del sistema de justicia mexicano y confirma una necesidad urgente de transformar, de arriba a abajo, una institución judicial clave en un país donde el 98 por ciento de los crímenes quedan impunes”.

Asimismo, dar mayores atribuciones al Ejército—a través de la Ley de Seguridad Interior–tampoco será la respuesta para el fenómeno de la corrupción, inclusive será más grave, pues las personas que podrían ordenar las acciones de los uniformados, muchas veces están coludidos con los criminales, y de nueva cuenta la población civil quien será victimizada.

Inclusive hay casos (Tlatlaya), algunos de ellos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde quedaron documentados los excesos de los del Ejército, y otros donde sus elementos están coludidos con grupos criminales y les brindan protección.

“Sin embargo, estos avances deben considerarse en el contexto del aumento de la militarización que reduce la posibilidad de investigaciones independientes y en el contexto más amplio de otras transformaciones de la justicia doméstica”

“Las reformas son necesarias; la necesidad de reformar subraya las debilidades del sistema de justicia penal mexicano, un sistema que, en la actualidad, resulta poco adecuado para investigar estructuras y prácticas de corrupción como las de Coahuila, así como los vínculos entre actores estatales y el crimen organizado”.

Mientras tanto, en los pocos casos de desaparición forzada que se han llevado a juicio, hasta la fecha tienen un patrón recurrente de utilización de chivos expiatorios de oficiales de menor rango para evitar investigaciones sobre los mandos de mayor jerarquía y quienes pudieron haber ordenado los crímenes.

“Por ejemplo, antes de 2016, México había informado a las Naciones Unidas solo 14 condenas por desapariciones forzadas, seis de las cuales fueron para hechos ocurridos antes de 2006”.

Asimismo, información obtenida por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) indica que, de las 37 investigaciones iniciadas contra militares sospechosos de cometer desapariciones forzadas, solo ha habido tres condenas.

El informe toma como ejemplo los casos de impunidad en México, como las desapariciones de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las ejecuciones de Tlatlaya, pero sobre todo las ejecuciones de Allende en Tamaulipas, donde los Zetas presuntamente ejecutaron a 300 personas durante tres días seguidos.

“Además, en muchos casos, los propios funcionarios responsables de tales investigaciones tienen fuertes lazos familiares, financieros o profesionales con los acusados, vínculos que el siguiente capítulo explora con mayor profundidad en el contexto de Coahuila, donde se cuestiona incluso la idoneidad de las limitadas investigaciones que han sido emprendidas”, detalló”

Otros 150 homicidios ocurridos en el interior del penal estatal de Piedras Negra, que fue utilizado por los Zetas como centro de operaciones para torturar, mutilar, asesinar y deshacer en ácido a las víctimas.

“Un patrón común en estos y otros incidentes es la corrupción: ya sea mediante sobornos o el ofrecimiento de beneficios personales, o por medio de la intimidación y el consecuente temor infundido por sus vidas y las de sus familias…”

“En algunos casos, esta colusión implicó que algunos miembros de la fuerza policial local, en lugar de proteger a las personas de esa violencia, estuvieran directamente involucrados en estos crímenes”, se denunció.

En otros casos, existe evidencia fiable que sugiere que algunos altos funcionarios electos pudieron haber estado al tanto de los crímenes con anticipación y acordaron no intervenir.

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