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Miércoles 19 de Junio 2019

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Van 20 denuncias ante la Fiscalía Electoral

Especial Foto Capital Media
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01 de Junio 2018
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Arturo Sosa, titular del organismo, indicó que en caso de encontrar responsabilidades, los servidores públicos demandados podrían ser destituidos e incluso encarcelados hasta por nueve años

Suman 20 las denuncias interpuestas ante la Fiscalía Estatal Electoral, en lo que va de los procesos, tanto federal como local, por presuntos hechos constitutivos de delito, en los que habrían incurrido servidores públicos.

De acuerdo a Arturo Sosa Echeverría, titular de ese organismo, de las 20 quejas interpuestas ante el organismo, 10 corresponden a carpetas de investigación que ya han sido iniciadas, en tanto que un número similar se refieren a actas circunstanciadas.

El funcionario, indicó que como consecuencia de un convenio entre las fiscalías para prevenir delitos electorales, tanto federal como local, es que a nivel estatal, el organismo que encabeza, tiene la facultad de asumir competencia, es decir, de recibir las denuncias que correspondan a la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo del país.

De acuerdo a Sosa Echeverría, de las 20 denuncias recibidas, la mayoría corresponden a presumibles hechos en los que funcionarios públicos, habrían intervenido en actividades proselitistas o en apoyo a precandidatos o candidatos a un cargo de elección popular, que se disputan en ambos procesos.

Otros delitos son que un servidor público, haga uso de los recursos asignados para su función, en beneficio de algún partido o candidato “pueden ser recursos humanos, materiales o económicos, que corresponden a la instancia pública para la que labora”.

Explicó, que una vez integradas las investigaciones, se deberá documentar si existieron los hechos o no, en que condiciones o circunstancias se dieron o si bien, algún funcionario habría incurrido en alguna conducta que encuadre en el tipo penal, para identificar si los señalados son o no responsables.

Comentó que las penas pueden ser de carácter administrativo y penal, pues consideran la imposición de multas de entre los 200 y 400 días de salario.

Si la gravedad es mayor y responsabilidad queda plenamente documentada a través de los medios probatorios, el servidor público puede ser inhabilitado de la función por periodos de 2 a 6 años, y destituido del cargo.

El fiscal, dijo que si la falta fuera de tipo penal, la sanción incluiría la privación de la libertad del funcionario, de entre dos y hasta por nueve años de prisión.
Al momento, dijo “se está en la etapa de investigación y no se vislumbra la magnitud de la responsabilidad de las denuncias interpuestas”.

Además del apoyo que los servidores públicos comprometan o manifiesten a partidos o candidatos, y el uso de los recursos públicos, otras conductas constituyen delitos, como el hecho de obligar a los subordinados a participar en actos de campaña o bien obligarlos a votar a favor de candidato o expresión política alguna.

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