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Lunes 22 de Julio 2019

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Sin tipificar, casos de violencia política de género

Especial Foto Capital Media
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12 de Diciembre 2017
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Arturo Sosa explicó que cuando detectan un delito lo que sugieren es la penalidad máxima

Arturo Sosa Echeverría, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Electoral, reveló que por falta de la existencia de un delito o agravante que se relacione con violencia política de género han dejado de dar seguimiento a los asuntos e vinculados por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH).

Explicó que en Hidalgo no hay tipificación de la violencia política de género, sino sólo un protocolo que sirve de guía para autoridades.

El funcionario Sosa Echeverría recordó que el artículo 14 de la Constitución establece que “si no hay penalidad expresamente determinada por la ley, no puedes condenar a nadie, y hay un tema, no hay tipificación de la violencia política de género”.

No obstante, expuso que cuando han detectado la Comisión de un delito de los que sí están reconocidos en la ley, va acompañado de violencia política por razones de género, lo que han sugerido la penalidad máxima.

“Si tomamos la idea de que un delito de los que si están previstos en la ley se cometió y estamos en el entendido de que se cometió ejerciendo violencia política por razones de género, debemos hacer de conocimiento de esos hechos para lograr la penalidad máxima”.

Lamentó que los delitos de violencia política de género no estén considerados como delitos en materia electoral.

Respecto a los asuntos en los que han sido vinculados por el TEEH, explicó que algunos continúan en investigación, pero insistió en que la falta del delito limita a realizar su trabajo y ejercer una sanción.

Repitió que en caso de detectar violencia política de género se sugiere a la autoridad considerar la penalidad máxima, “para todo delito hay mínimo y máximo ese es nuestro margen, mientras evidenciemos que hubo violencia política por razones de género intentamos lograr la máxima”.

En este sentido sugirió que si no es posible tipificar la acción como delito electoral, “por lo menos sea una agravante, con lo que la penalidad podría aumentar hasta 50 por ciento”.

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