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Martes 23 de Abril 2019

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Policías reclaman abandono de familia de policía caído

Imagen: Vía Libre Foto Capital Media
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18 de Mayo 2018
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Los uniformados exigieron saber en qué se destinan los 10 millones de pesos que el municipio recibe

Luego del deceso del oficial José Alberto García Hernández ahora exintegrante de la Secretaría de Seguridad Pública de Tula (SSP), al menos 180 policías municipales se manifestaron frente a la presidencia municipal en protesta de que presuntamente el gobierno local se quiere desentender de la situación y dejar en el desamparo a la familia del agente caído.

Denunciaron que el ayuntamiento tulense no pagó los gastos médicos de su excompañero a pesar de que este fue baleado mientras se encontraba en servicio, por lo que ellos “haciendo vaquita” tuvieron que costear los costos de medicamentos y atención médica que se le proporcionó al elemento hasta su muerte.

Desmintieron el comunicado oficial de la administración municipal, en el que se aseguró que el hoy occiso y su familia siempre recibieron el apoyo de la gestión presidida por el alcalde Gadoth Tapia Benítez, y acusaron que ahora no se les quiere entregar la cantidad de 200 mil pesos por el seguro de vida que tenía García Hernández.

Los inconformes explicaron ante medios de comunicación que contaban anteriormente con una póliza de seguro que en caso de muerte o accidente que deje imposibilitado del servicio podrían cobrar hasta 200 mil pesos como indemnización, pero que el gobierno municipal no lo renovó luego de su vencimiento (14 de marzo del presente).

Aprovecharon la ocasión para denunciar que tampoco cuentan con servicio médico digno, que les niegan medicamentos, “a veces hasta de 15 pesos”, además de que no cuentan con las herramientas mínimas para su función, “ni armamento, ni radios, ni uniformes ni patrullas para trasladarse a emergencias”.

Se quejaron del estado de vulnerabilidad en que los mantiene el gobierno de Tula y consideraron que con la administración 2016 – 2020 están peor que nunca.

Exigieron saber en qué se destinan los 10 millones de pesos que el municipio recibe del programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública de los Municipios (Fortaseg), ya que dijeron que de esos beneficios nada se ve a ras de piso, “no tenemos mejoras, ni beneficios”.

Pidieron la homologación de sueldos y finalmente advirtieron que si hay algún tipo de represalia a consecuencia de esta manifestación, volverán a protestar por los compañeros que lleguen a despedir puesto que no piden nada fuera de la ley, “sólo lo que nuestros derechos laborales implican”.

Demandaron la presencia del Ejecutivo tulense durante casi cuatro horas, pero luego, alrededor del mediodía, ante la ausencia del edil, los efectivos tuvieron una mesa de trabajo con el secretario municipal, Alejandro Álvarez Cerón, con quien negociaron algunos puntos de un pliego petitorio que dispusieron. La reunión fue de carácter privado, por lo que se desconocen los acuerdos.

Con información de Vía Libre.

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