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Viernes 19 de Abril 2019

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Exhortan a Contraloría a investigar probable “tráfico de influencias”

Edén Torres Foto Capital Media
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29 de Marzo 2017
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Busca se investigue otorgamiento de jubilaciones y pensiones en la pasada

La diputada local perredista, Simey Olvera Bautista, propuso se exhorte a la Contraloría del Estado a efecto de que investigue si en el otorgamiento de jubilaciones y pensiones en la pasada administración hubo “tráfico de influencias”.

Al hacer uso de la tribuna, la legisladora recordó que durante la pasada administración se otorgó la jubilación a 115 funcionarios, con un monto de hasta el 100 por ciento del salario, cuyo impacto económico alcanza los nueve millones anuales en el presupuesto estatal.

Destacan tres exfuncionarios que mensualmente recibirán 52 mil, 25 mil y 22 mil pesos, respectivamente, Flor de María López González, exsecretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; Roberto Terán Contreras, quien ejerció como subsecretario del Transporte, y Pedro Sagahón Contreras, quien fungió como director de la Policía Industrial Bancaria (PIB).

Aquí cabe mencionar, que la excontralora Flor de María López González, aseguró que la información entregada era falsa, y “no correspondía a la realidad” y que sólo recibía el equivalente al 40 por ciento como pago de jubilación.

En este sentido, la legisladora aseguró “que la información fue verificada y solicitada a la Contraloría del Estado y cotejada”. No obstante, pidió a la exfuncionaria demostrar que no es real que cobra 52 mil pesos.

Al respecto, calificó de “inaudito” que se entreguen montos tan elevados como pago de jubilaciones, cuando incluso hay trabajadores que actualmente no ganan ni la mitad de dichas cantidades.

Olvera Bautista indicó que el exhorto era un primer paso para socializar el tema con los diputados, y en segundo término propondrá modificaciones a las leyes que se relacionen con el tema; sin embargo, al cuestionarle qué leyes serían esas, se limitó a responder que “la del Trabajo y Previsión Social”, pese a que ésta regula la relación obrero patronal, y no la del gobierno con sus trabajadores.

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