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CNDH interpone controversia por tipificación errónea de tortura en Hidalgo

Consideran que el Poder Legislativo incurrió en una “doble y deficiente tipificación del delito de tortura
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Verónica Ángeles
Hace 4 semanas | Facebook Twitter Whatsapp

El Congreso de Hidalgo corrigió de manera equivocada un artículo del Código Penal, relacionado con la tipificación del delito de tortura y por ello se hizo acreedor a una segunda acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) derivado de la misma norma.

La CNDH interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de acción de inconstitucionalidad el pasado 10 de enero por considerar que el Poder Legislativo incurrió en una “doble y deficiente tipificación del delito de tortura” con la derogación del artículo 301 y la modificación del artículo 322 BIS párrafo primero del Código Penal, realizada en diciembre de 2017.

En el documento se señala que “el artículo 322 BIS, párrafo primero del Código Penal para el Estado de Hidalgo, (…) no prevé la totalidad de las conductas por las que se configura (el delito de tortura), asimismo, las sanciones que establece no responden a la gravedad del ilícito”.

Lo anterior aunado a que se constituye una doble tipificación, vulnerando los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia de las víctimas y al principio de legalidad, además, se incumple la obligación del Estado de investigar y sancionar dichos ilícitos penales, expone.

Penas distintas

Además de que los diputados generan una doble legislación, establecieron una sanción menor para el delito de tortura; ya que mientras a nivel nacional las penas van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, en lo local se estipula prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días.

Ello, explica la Comisión, “genera incertidumbre jurídica sobre qué tipo se aplicará a los mismos hechos, (…), tal discrepancia se traduce en una afectación a la protección especializada de las víctimas de este delito”.

También se señala que el Poder Legislativo castiga de manera distinta a la persona que hubiere participado en actos de tortura o tuviera conocimiento de ellos:

“El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato; si no lo hiciere, se le impondrán hasta tres años de prisión y multa de 15 a 60 días”; mientras que a nivel federal la punibilidad es de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa.

Prueba y error

Cabe recordar que, el Congreso de Hidalgo en las modificaciones realizadas para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobó la reforma al Código Penal para establecer los delitos cometidos por servidores públicos y la vinculación de hechos de los particulares relacionados con estos delitos, y en específico, el de abuso de autoridad particularizado a lo largo de las distintas fracciones del artículo 301.

Sin embargo, la norma fue controvertida por la CNDH ante la Suprema Corte, ya que consideraba que se generaba una doble legislación, y antes de esperar un pronunciamiento de la Corte, los legisladores locales se adelantaron y trataron de subsanar el error.

Pero nuevamente, la CNDH impugna las modificaciones realizadas, porque considera que genera la doble y deficiente regulación del precepto que se impugna y que implica su inconstitucionalidad, al no contemplar la totalidad de las conductas por las que se configura el delito de tortura, así como por establecer sanciones que no son acordes con su gravedad, lo cual, transgrede los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia de las víctimas.
Se argumenta que al dejar una norma “vaga, imprecisa, abierta, o amplia se permitir la arbitrariedad en su aplicación”.

En lo que refiere a la reparación del daño del delito de tortura, el Código Penal para el Estado de Hidalgo sólo establece la responsabilidad del sujeto activo, misma que consiste en cubrir los gastos médicos, de asesoría legal, funerarios, mientras que la legislación federal contempla una reparación integral.

En el escrito, la Comisión recuerda que el 26 de junio de 2017 se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y las entidades federativas tenían un plazo de 180 días para armonizar la legislación local.

Asimismo, menciona que en la Constitución existe un bloque de artículos que prohíben la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como diversas leyes y tratados internacionales que México ha suscrito.
Como dato, cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), durante el año 2017 emitió dos recomendaciones al titular de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, Javier Ramiro Lara Salinas, debido a que corroboró que agentes de investigación torturaron a personas.

Congreso niega error

Finalmente, cabe señalar que Capital Media buscó la postura de la LXIII Legislatura a través del área de comunicación social; a lo que respondió que en el marco de la reforma a la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, se incluyó la reforma al artículo 322 bis del Código Penal, cuya última reforma fue en el 2013 que en su texto refería a la tortura, materia que se encuentra contenida a partir de junio de 2017, en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, por lo cual se reformó para sancionar acciones de los servidores públicos que, sin llegar a la tortura, coaccionaran el actuar de las personas, puesto que la tortura como tal, está regulada en la Ley General.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la reforma sigue aludiendo al delito de tortura.

Se trata de un tema de interpretación y apreciación, por lo que se analizará y valorará argumentar la permanencia de la reforma o legislar en la materia.

Evidencia la CNDH

Los diputados generaron una doble legislación, establecieron una sanción menor para el delito de tortura; ya que mientras a nivel nacional las penas van de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa, en lo local se estipula prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días.

Por lo que la norma fue controvertida por la CNDH ante la Suprema Corte, ya que consideraba que se generaba una doble legislación, y antes de esperar un pronunciamiento de la Corte, los legisladores locales se adelantaron y trataron de subsanar el error.

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