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Lunes 15 de Julio 2019

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Buscan igualdad de género en tribunales

Edén Torres Foto Capital Media
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29 de Septiembre 2017
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Los legisladores aprobaron la defensoría pública de una mujer a otra

Con el objetivo de evitar discriminación entre hombres y mujeres, el pleno legislativo aprobó que cuando una mujer solicite apoyo en la defensoría pública, deberá ser atendida por otra persona del mismo género.

En la exposición de motivos, los legisladores mencionaron que se trata de impulsar la igualdad sustantiva, de tal forma que mujeres capacitadas atiendan los asuntos de quienes así lo soliciten.

Por ello, se aprobó adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, con la finalidad de establecer que en asuntos jurídicos y cuando se cuando se trate una persona de sexo femenino deberá ser asesorada preferentemente por personas de su mismo sexo.

Estas figuras deberán ser capacitadas y certificadas en materia de igualdad de género. Lo anterior, con la finalidad de disminuir esa inequidad entre ambos sexos cuando se acude a los tribunales a exigir justicia.

El establecer acciones afirmativas de asesoría y defensa jurídica en la materia de su competencia, vendrá a darle una nueva dimensión social al rol que desempeña la mujer en la sociedad.

En otro punto, los integrantes de la LXIII legislatura reformaron el Código Penal con la finalidad de instituir como delito del fuero común la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de que esta práctica deje de trasgredir el derecho de toda persona a que sea respetada su vida, su paz, su seguridad personal y la certeza jurídica.

También, con ello evitar el ejercicio de la violencia psicológica por medio de documentos intimidatorios que contienen información falsa y sellos de instituciones de procuración de justicia, prácticas recurrentes que no pueden considerarse legales, delito que es importante puntualizar que se perseguirá por querella de parte ofendida.

Además, se estableció que a quien cometa el delito de discriminación se le impondrá de uno a tres años de prisión o 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto por la exclusión por razones de origen o identidad indígena o nacional, sexo o género, edad, discapacidad, condición social o económica, lengua, religión, entre otras cuestiones.

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