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Jueves 18 de Julio 2019

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Aprueban creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción

Especial Foto Capital Media
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12 de Mayo 2017
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El siguiente paso será crear los cambios a las leyes secundarias

A un mes de haber sido aprobadas las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, por fin se logró juntar 43 sanciones de igual número de ayuntamientos para que definitivamente queden aprobadas las adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.

Los municipios que aprobaron y con los que se logró la sanción son: Yahualica, Actopan, Calnali, los tres de extracción Encuentro Social.

Así como Eloxochitlán, Nopala, Ajacuba, Alfajayucan, de extracción Verde Ecologista. Atitalaquia, Tecozautla, Mineral de la Reforma, Pacula, Pachuca, Tlaxcoapan, Apan, del PAN; y del PRI: Tepeapulco, Pisaflores, El Arenal, San Agustín Tlaxiaca, Zempoala, Almoloya, Progreso, Huichapan, Tulancingo, Santiago de Anaya, Cuautepec.

Mientras que del PRD: Mineral del Chico, Juárez, Chapulhuacán, Huazalingo, Jacala.

De la alianza PRI, Verde, PANAL: Acatlán, Villa de Tezontepec, Huautla, Tula y Metzquititlán y Singuilucan.

Así como Tolcayuca, Mineral del Monte, San Salvador del PANAL, y Tetepango, Xochicoatlán, y Tlahuelilpan del Partido del Trabajo y Tezontepec de Aldama de Movimiento Ciudadano.

El siguiente paso, explicó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, María Luisa Pérez Perusquía, será crear los cambios a las leyes secundarias, tales como de la

Auditoría del Estado de Hidalgo, la orgánica del Poder Legislativo, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Fiscalía especializada; así como crear la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la de los Servidores Públicos, entre otras.

Pérez Perusquía mencionó que desde el pasado martes se tenía conocimiento de que ya eran 43 ayuntamientos los que habían aprobado las reformas; sin embargo, de manera oficial, por Oficialía de Partes sólo se tenían 42 contabilizados, motivo por el que no podían proceder a la declaratoria.

Con estas reformas, adiciones y derogaciones, se armoniza las normas locales con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la proyección de un nuevo esquema de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos y particulares vinculados a actos u omisiones relacionados con la corrupción.

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