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Domingo 21 de Abril 2019

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Advierte visitador sobre gasto de municipios en cárceles distritales

Edén Torres Foto Capital Media
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14 de Junio 2017
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La sobrepoblación en la prisión de Tizayuca se redujo de 400 a 350 por ciento

Es anticonstitucional que los ayuntamientos cubran los gastos que generan las cárceles distritales, afirmó el visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Humberto Vieyra Alamilla.

En entrevista, explicó que el artículo 18 de la Constitución establece la obligación al Ejecutivo de asumir el gasto y no los municipios. A pocos días de que concluyan con el primer diagnóstico semestral de cárceles, adelantó que de manera general las condiciones “siguen igual”; no obstante, destacó que desde que comenzó a operar el NSJP las cárceles han disminuido en población.

De tal forma que en el caso de la distrital de Tizayuca que registraba una sobrepoblación de 400 por ciento, ha bajado a 350 por ciento.

El ombudsman reconoció “que no es fácil disminuir la sobrepoblación, porque implica mover a los internos que en ocasiones prefieren estar cerca de su familia”.

Vieyra Alamilla recordó que son cinco cárceles las que tienen la calidad de distritales, y que operan con apoyo de los municipios, siendo las de Metztitlán, Zacualtipan, Zimapán, y Atotonilco el Grande.

“Las cárceles distritales surgieron mal, con la intención de que personas que seguían un proceso estuvieran ahí, en tanto eran absueltas o sentenciadas, y posteriormente debían ser removidas a una cárcel, pero las distritales se convirtieron en Ceresos”, afirmó.

En el caso de la cárcel distrital de Metztitlán, Vieyra Alamilla recordó que usa las instalaciones de un exconvento, que aunque pudiera parecer cárcel no cumple con los lineamientos para resguardar personas a las que se les imputa la comisión de un delito.

Por otro lado, respecto a los operadores del sistema adversarial, el visitador general de la Comisión de Derechos Humanos informó no han registrado quejas en su contra, salvo las “comunes” contra policías, y funcionarios que no tratan bien al usuario.

Tampoco registran querellas de imputados, que parecieran resultar beneficiados, porque pueden detener todo el proceso en caso de acreditar violaciones al debido proceso. Vieyra Alamilla indicó que, aunque no ha ocurrido, podrían ser las víctimas quienes se quejen debido a una doble afectación: por el delito y porque se dejó libre al responsable por errores de un sistema mal aplicado.

Finalmente, sobre los jueces de Ejecución, de Control de Oralidad, Vieyra Alamilla aseguró no hay se- ñalamientos por alguna de sus sentencias o actuaciones que se haya registrado.

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